Redacción, Ciudad de México 3 de Febrero.-Normalistas rurales y maestros disidentes tomaron la caseta de peaje de Palo Blanco en la autopista del sol, durante casi cuatro horas abrieron el paso y pidieron una cooperación voluntaria de 50 pesos a los automovilistas.

Los maestros y estudiantes llegaron a la caseta alrededor de las once de la mañana a bordo de cuatro autobuses que ya estaban en poder de los estudiantes de Ayotzinapa, de inmediato se apoderaron de los módulos de cobro y metros atrás colocaron anuncios trazados en cartón, en ellos se solicitó una cooperación voluntaria de 50 pesos.

Los que se negaban dar la aportación requerida eran retenidos por los manifestantes, que golpeaban las unidades con las palmas de la mano y algunos palos de escoba, mismos que utilizaron para colocar banderas rojas con las siglas de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG).

Aunque en la zona había algunas unidades de la Policía Federal Preventiva (PFP) sector caminos, ningún elemento se acercó para evitar la toma de la caseta.

También pasaron patrullas de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), a las que se les rotuló la leyenda de “asesinos”, sin que se registraran jalones o intercambios de palabras.

Minervino Morán, vocero de la CETEG dio a conocer que la toma forma parte de un plan de acción diseñado en el contexto de las movilizaciones contra la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), pero también para manifestar la solidaridad hacia el movimiento de la Normal Rural de Ayotzinapa, que dese diciembre pasado exige que el gobernador Angel Aguirre Rivero sea sometido a juicio político, por el desalojo que costó la vida de dos estudiantes. En la protesta participaron maestros de la Región Centro y Montaña, además de una comisión de estudiantes entre los que no se miró a ningún integrante de la sociedad de alumnos Ricardo Flores Magón.

Permanecieron hasta después de las 15 horas, tiempo en el que captaron la aportación de cientos de automovilistas, nadie se fue sin dar su cooperación de 50 pesos, ni si quiera los que aseguraban que no tenían efectivo por usar la tarjeta IAVE, que les permite pagar electrónicamente su peaje.

En esas cuatro horas se registraron varias acciones que matizaron la jornada.

Un anciano robusto no alcanzó a estirar bien la mano para entregar su billete y fue agredido verbalmente por los activistas, entre ellos dos normalistas que cubiertos de rostro le exigían que bajara de la unidad para recoger su dinero, al grito de ¡No somos sus gatos! Cuando entendieron la limitación física y el temor del adulto mayor lo dejaron pasar, aunque no se disculparon.

A una reportera casi la despojan de un aparato celular porque retrató el momento en que un estudiante se robaba los refrescos de un tráiler.

Los únicos que pasaron gratis fueron una pareja de recién casados, a los que se les dejó el camino al grito de ¡Beso! ¡Beso! Además, durante más dos horas medio centenar de maestros de la zona escolar de Costa Grande, agrupados en la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, bloquearon intermitentemente la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo y entregaron volantes a los automovilistas informando de las reformas a la educación y su rechazo a las acciones emprendidas por el gobierno federal, por parte de los docentes.

EN lo que duró el bloqueo, los manifestantes pidieron una cooperación voluntaria de 50 pesos a los automovilistas. “Estamos manifestando nuestro rechazo al programa de la Alianza por la Calidad de la Educación, exigiendo la abrogación de la ley del ISSSTE, los nuevos lineamientos a la carrera magisterial y al paro laboral a nivel nacional, como parte de las acciones dela Ceteg”, dijo el maestro Juan Pablo Salinas.

En la “Y” griega de este municipio cafetalero, el coordinador magisterial, Gilberto Martínez Jacinto, explicó que dichas acciones obedecen a un paro nacional de 48 horas que podría ser de 72 y luego indefinido, y que ha sido ordenado por parte del CEN de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, donde expone el rechazo a las modificaciones en materia de educación básica por parte de las autoridades de la Secretaria de Educación Pública.

El funcionario de educación, Martínez Jacinto, comentó que “Con las modificaciones a la ACE, el gobierno pretende despojarnos de los derechos escalafonarios a los maestros, y estamos exigimos que se anule la evaluación universal, la cual consideramos constituye un retroceso porque representa una verdadera amenaza a la estabilidad laboral y no ayuda a resolver el grave problema educativo”.